Esta era, signada por el avance de la tecnología, ha permitido que algunas conductas humanas queden brutalmente expuestas: ataques de motochorros, choques, e intrusiones a ahogares que, quizá, nunca hubieran ocupado más de tres líneas en los medios —si es que esta información hubiera siquiera llegado a ellos—. En estos tiempos, dichas imágenes generan un impacto enorme, particularmente a través de la televisión.
Cada día más, la producción televisiva se nutre de las redes. La suerte de Juan Ignacio Buzzali —el esposo de Carolina Píparo— no depende de la interpretación de los hechos, basada en relatos contradictorios entre los participes, sino en la valoración de lo que las cámaras de seguridad —muchas de ellas, privadas— registraron de lo que ocurrió esa noche compleja de año nuevo en La Plata.
En nuestra ciudad, la creación del Centro de Monitoreo (COM) fue impulsada por el ex intendente Gustavo Arnaldo Pulti. Se buscó imitar la política del municipio de Tigre que, ensamblada con la difusión en tono de propaganda a través de C5N —en aquellos años propiedad y bajo la dirección de Daniel Hadad—, instaló en el país la idea de que dicho esquema derrumbaría per se al delito. No se puede obviar la tercera pata de esta política que es Mario Montoto, socio de Hadad en Global View.
No sólo se trata de poner cámaras y juntar equipos en el centro de monitoreo. Nunca se realizó una selección de personal adecuada y, mucho menos, se dictó un entrenamiento acorde que le permita, a quien está al frente de un esquema de video vigilancia, aportarle datos útiles a las unidades en la calle —motorizadas o a pie— para que estas sean efectivas en la prevención del delito. Qué mejor ejemplo que lo ocurrido en el barrio El Martillo donde —tras largos meses de reclamos por parte de los vecinos— se instaló una cámara de seguridad y, horas después, se cometió un robo precisamente en esa área. Las cámaras en sí, sin que se entrene al personal, y sin que éste sea suficiente, son sólo un placebo.
La página oficial de la municipalidad afirma que hay instaladas y en funcionamiento 1132 cámaras, que cuentan con 300 operadores. La cantidad pareciera, en sí, insuficiente porque no se trata de personal de seguridad: es personal de la comuna, apegado al particular régimen de licencias y permisos del que gozan ampliamente los municipales. Ergo, los operadores reales son muy pocos en cada turno.
La pandemia complicó todo aún más. En enero de 2017 se anunciaba que se había completado el cupo de 150 personas con discapacidades que se integraban al servicio de operadores en el COM. Sergio Andueza —un sobreviviente del funcionariado político— afirmaba: “Fue una etapa de adaptación, para que conozcan la modalidad de entrenamiento. Ahora estamos trabajando en distintas capacitaciones para que puedan absorber conocimiento de cada una de las temáticas en diferentes escenarios y horarios”.
No es atrevido decir que esa capacitación nunca ocurrió, es un dato. Y, de ese grupo de personas, un alto número no cumple funciones por imperio de las peculiares restricciones laborales que impone la pandemia.
No sólo se trata de tecnología. Es imprescindible que haya humanos detrás de los “fierros”. Si no, nada será suficientemente para combatir la delincuencia criminal que asola a la sociedad.