Como en tantas otras cuestiones que tienen que ver con esta administración provincial, el silencio se impone. Nada se dice desde los sectores de la pesca con base en Mar del Plata al respecto de la actitud avasallante del nuevo empresariado de la actividad, que se consolidan cada vez más, año tras año, desde Chubut.
La política de la provincia de Chubut al respecto del uso de las áreas de pesquería que caen bajo su potestad, en cuanto a la captura del langostino, es verdaderamente de «mare nostrum»: cuota social, cuota especial y una agresiva conducta para con la provincia de Buenos Aires.
En este esquema en el que el objetivo de la pesca mutó de la merluza hubbsi al langostino, la provincia patagónica juega a fondo mientras que la administración de Kicillof es representada en el Consejo Federal Pesquero por la licenciada Carla Seain, quien olímpicamente ignora al sector, con lo que los intereses de la provincia no son defendidos debidamente.
A tanto llega, que en su recorrida por Mar del Plata el precandidato a gobernador por JxC, Diego Santilli, habló de promover un asiento en el CFP para nuestra ciudad. Así: a título individual, como ciudad, ante los poderes provinciales y nacionales que tienen su silla en la institución del estado que es la que determina cuándo, en dónde y qué volumen de qué especie se va a extraer.
Si bien la propuesta va medio de patadas tanto con la legislación nacional como con la provincial, su expresión trajo a la superficie el estado de ánimo de las empresas marplatenses que se sienten tiradas por la borda por parte del poder político provincial.
Pero eso no es todo: hay otros aspectos que hablan a las claras de la magnitud del abandono del sector por parte de la gestión del actual gobernador. Un caso en particular, es el del abadejo: las restricciones impuestas por el INIDEP no son cuestionadas —o, por lo menos, debatidas— por parte de la Secretaría Provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca. No hay una exigencia de que se hagan nuevos muestreos que permitan analizar la lógica de una medida que impide la captura de una especie de alto rendimiento para el mercado interno, y que se lleva de patadas con el crecimiento de las capturas por parte de las flotas uruguaya y española. Los barcos que operan en el Atlántico Sur bajo la bandera del reino europeo, exportan desde la banda oriental con fuertes beneficios fiscales.
El tiempo que se viene implica fuertes interrogantes para la pesquería marplatense. Aún es incierto, pero si se da que Ignacio Torres asuma en un futuro la gobernación de la provincia patagónica, la tensión va a subir mucho más por su marcada afiliación al sector pesquero chubutense: su familia es proveedora de años de la flota amarilla que ganó protagonismo en los últimos años en la actividad gracias a los permisos de pesca provinciales y el desvío lamentable de lo que es la —eufemísticamente llamada— «cuota social».
Es importante que este tema se torne una prioridad de la dirigencia política y salga del reducido nicho de la pesquería marplatense, que se parece más a un gueto que a un sector social, pero que, por su importancia económica se debe, tanto a sí mismo, como a la sociedad, otro rol.
Independientemente de quién gane la provincia de Buenos Aires, el planteo es válido y requiere poner decisión y acción política en esta actividad que es clave para la economía de nuestro país.