Es ya en extremo evidente que la educación pública es un campo de batalla política en donde la verdad es la primera víctima. Desde el mismo momento en que el secretario de Educación, Luis Distéfano, advirtió el impropio pago que recibían los docentes en escuelas municipales, y se impuso ordenar dicha cuestión gravosa para el erario, los dirigentes del sector se lanzaron a una campaña de mentiras bajo la bandera del amor por la educación y los educandos.
Se podría creer que el punto máximo fue el larguísimo paro de los municipales que buscaba provocar la renuncia de los secretarios de Educación y Hacienda al verse avalados por un Concejo Deliberante que votó con impudicia populista una ordenanza que buscaba generar desde el deliberativo la política salarial de la comuna. Craso error.
O quizá se trate sólo de la incapacidad para advertir que hoy han entrado en juego actores no habituales en el manejo de la cosa pública, los cuales no creen que el voto de los empleados municipales sea el que define una elección, sino el voto del vecino de a pie, el contribuyente del común, que paga la fiesta que algunos se han armado para su auto satisfacción en estos años de democracia.
Hoy, bajo el gastado cartabón de los derechos de los docentes, se anuncia un quite de colaboración que es no otra cosa que un paro encubierto, como bien lo señaló en la 99.9 Distéfano al advertir: “hay un decreto que establece las pautas según las cuales un quite de colaboración es propio y cuándo no. Hoy no hay razones válidas y quien se sume al quite de colaboración recibirá el descuento de haberes que corresponde”.
Juan Manuel Fernández ordenó a la municipalidad de General Pueyrredón pagar los módulos que están jurídicamente cuestionados ante la Corte provincial, cuestión que la media extorsionadora festejó por todo lo alto. Una determinación de la Cámara del Contencioso lo contradijo, dándole fin a este breve festejo. De ahí que los brevemente beneficiados clamen porque no se les descuenten esos emolumentos que la política y el gremio les dicen tienen derecho a percibir. Usados como instrumento político, no llegan a percibir las razones de la controversia que los tiene atrapados.
Es obvio que la presión legal fue un instrumento de la política, llevado adelante por la conducción de Antonio Gilardi y la necesidad de instalar la idea de que el gremio no abandona a los docentes en un año electoral. Los municipales van a las urnas el 4 de julio. Frente al reclamo por los dineros que ahora deben devolver a la administración, hay cuestiones que enfocar con claridad.
El gremio impulsó las medidas desde su asesoría letrada, los abogados Telma Jara y Luis Morteo. De Jara no hay mucho para señalar, otro abogada del foro local. Pero Morteo fue procurador de la municipalidad y es considerado uno de los administrativistas de nota de la ciudad. Tuvo un particular y alto predicamento en las décadas del ‘80 y ‘90. El ir por la presentación judicial hoy derrotada se entiende políticamente: es obvio que, por el imperio de la ley de honorarios, en el momento en que exista una sentencia firme, y aún en derrota, el estudio Morteo percibirá de todas formas un suculento pago en honorarios profesionales que pagarán los litigantes derrotados, usados arteramente por las necesidades políticas del team de los conejos negros.