Tal como señalé en la edición 1327 de este mismo espacio, por su trágica suerte, Lucía Pérez no se merecía que su posteridad sea utilizada de la forma cruel y perversa en la que se lo está haciendo.
Los padres biológicos de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pérez, fueron hasta la residencia presidencial de Chapadmalal para reunirse con el abogado y profesor de derecho de la UBA Alberto Fernández, continuando así con su sistemática cosificación.
Convertida en objeto, la imagen de Lucía fue expuesta en las remeras que lucieron —entre sonrisas— Marta, Guillermo y quien hoy cumple formalmente con la función de ser presidente de la nación. Pero eso no fue todo: Alberto Fernández aprovechó la ocasión para subirse a la postura impulsada por todos los sectores del kirchnerismo, quienes hacen de Lucía una bandera a como dé lugar para expresar sus posturas ideológicas. El mandatario no dudó en twittear: «Debemos exigir la búsqueda de justicia por el femicidio de Lucía Pérez. Sus madre,(sic) Marta Montero, y su padre, Guillermo Pérez, cuentan con mi compromiso y acompañamiento absoluto en su lucha, que mantiene vivo el reclamo de justicia».
Así, el profesor de derecho de la UBA se pasó por las partes el artículo 109 de la Constitución Nacional que claramente señala: «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».
En su alocada e infausta capaña, AF parece ignorar que, en el primer jucio, tanto Farías como Offidani fueron condenados a ocho años de prisión a pesar de no contar con antecedentes criminales, y que llevan ya seis años encarcelados. Ni la pandemia por Covid-19 pudo lograr que les morigeren siquiera un poco las condiciones de su detención.
No conforme, el presidente siguió violentando la Constitución al expresar: «Durante el encuentro que mantuvimos, les expresé que cuentan con la fuerza y la presencia del Poder Ejecutivo en este nuevo juicio que han tenido que atravesar, luego de la escandalosa absolución de los imputados en 2018».
Lo escandaloso es que los padres de Lucía —en particular, su madre, quien hoy ostenta el cargo de secretaria de la APDH Mar del Plata— sigan mintiendo o asistiendo a la mentira: no hubo tal absolución. Lo que no hubo, fue una sentencia que fuera acorde al mito creado por la fiscal María Isabel Sánchez quien —tal como lo señaló la defensora oficial Laura Solari al inicio de su alegato— es quien debería estar sentada en el banquillo de los acusados.
El pedido de Solari de declarar nulo el juicio en curso es una piedra en el zapato de estas salvajes tribus ideológicas que destrozan la vida en el altar pagano de sus propias miserias. Tal como señalaba Sigmund Freud, es la conducta de la proyección de la sombra «odiar afuera lo que no soportas dentro tuyo».