Ni tiempo que no se acabe. El procesamiento determinado por el juez Ariel Lijo sobre Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Nicolás Ciccone, Guillermo David Reinwick y Rafael Resnick Brenner tiene un impacto a nivel nacional de magnitud aún impredecible.
Es obvio también que las repercusiones tienen su reverberancia en Mar del Plata. Está pendiente y sin respuesta por parte de AM el requerimiento formulado por el concejal Mario Rodríguez (UCR) de retirar la distinción de vecino ilustre al hoy procesado Vicepresidente de la Nación, y es un dato cierto que este escenario complica (una vez más) las ambiciones de Marcelo Artime de ir por la Intendencia de la ciudad en alianza con el sector del FPV que lidera Adela Segarra.
Sin embargo, éste no es, por cierto, el único frente que Artime debe atender. Ha llegado a mis manos información sobre un expediente originado en la propia comuna (número 18139-3-2009), que revela claramente que, conforme a derecho, la obra en desarrollo en los terrenos de la vieja terminal no presenta los estudios de impacto ambiental que marca la ley 11.723. El expediente ha sido “cajoneado” por Marcelo Artime desde su llegada misma al ENOSUR, y es claramente la prueba de la impunidad que el poder político le concede a Florencio Aldrey Iglesias.
Proyecto de obra o actividades sometidas al proceso de evaluación de impacto ambiental por la Autoridad Ambiental Provincial: generación, transporte y transformación de energía; sistemas de saneamiento y agua potable; localización de parques y complejos logísticos; exploración y explotación de hidrocarburos y minerales; construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos, etc.; construcción de embalses, presas y diques; dragados y obras costeras; construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos; aprovechamientos forestales de bosques naturales e implantados; producción intensiva de animales; plantas de tratamiento y disposición final de residuos; obras o actividades en áreas de interés ambiental.
Esta nueva violación de la ley tiene por actores concurrentes a Florencio Aldrey Iglesias, Gustavo Arnaldo Pulti y Marcelo Artime. Si bien puede parecer menor la obsecuencia hacia “el Gallego”, es tan soez, que hace dos semanas, equipos del ENOSUR concurrieron al predio de la vieja terminal y podaron a costo del erario público los árboles que bordean toda el área de referencia. Tal como graficó un funcionario, “no le podamos un árbol a un jubilado que recibe dos pesos por mes, y venimos acá a hacer gratis este trabajo…”. El relato exime de mayores comentarios.
Marcelo Artime no puede ignorar sus responsabilidades por dos razones fundamentales: su experiencia -ya era funcionario de Mario Roberto Russak en los noventa- y su condición de arquitecto, con conocimientos específicos en cuestiones ambientales. Entre otros trabajos profesionales, Artime elaboró el impacto ambiental para la instalación de Carrefour en la avenida Constitución.
En estos días, el FPV insistió en que el Concejo Deliberante se pronuncie para repudiar el accionar de Florencio Aldrey Iglesias en referencia a la publicación de avisos de prostitución, lo cual pasa por alto un decreto presidencial. Repudiable, cierto. Pero comparado con esta situación revelada aquí, es cascarilla nada más. Tal como expone el procesamiento al vicepresidente de la Nación Amado Boudou, sin embargo hay esperanza. No hay tiempo que no se acabe.
