El nivel de violencia que padece nuestra ciudad no es, en volumen, el que sufre Rosario, pero el crescendo es preocupante. A diario se suceden ajustes de cuenta que, por goteo, llenan de sangre la ciudad. La organización heredada de anteriores administraciones municipales y la anquilosada estructura provincial de seguridad han fracasado. Cambiar, es urgente.
El cuestionado presidente del Foro Municipal de Seguridad, Juan Manuel López, aseveró que en el COM hay 9 operadores por turno de 8 horas, controlando 1146 cámaras. Le puso números a una pandemia feroz, en donde la existencia del penal de Batán contribuye a reciclar el crimen: hay criminales que son nietos de delincuentes, y que pululan por la ciudad.
No es sólo el rol de la comuna: los vecinos de la denominada zona roja denuncian que los travestis, bajo la cobertura de ejercer la prostitución, son “camellos” de la venta de droga. En su mayoría, son de nacionalidad peruana. Nadie parece advertir que la estructura que maneja el ingreso ilegal estas personas al país, y la que provee la droga para la venta, están alineadas en una misma escala de negocios.
La directora nacional de migraciones Florencia Cariñano —la misma que cierra fronteras por resolución administrativa y emplea recursos públicos para vigilar el cumplimiento de la restricción ambulatoria a quienes retornan al país— no toma medidas para terminar, cuando menos, con esta actividad ilegal tan perniciosa para los vecinos de Mar del Plata.
Todo el sistema está bajo escrutinio, aunque el silencio de medios en locales sea atronador. Tobías Schleider —ex funcionario de seguridad de la comuna— se manifestó criticando la falta de estadísticas y un mapa del delito local. Aseveró que lo que, lo que se cita, es fruto de la labor periodística… es decir, cortar y copiar la gacetilla de la departamental. No hay ni trabajo periodístico, ni estadísticas confiables, si la fuente es única y jamás es contrastada.
Un caso emblemático es el del asesinato de Marcelo Acosta, de 35 años, integrante de una banda de secuestradores, de la cual fue el único detenido. El hecho ocurrió en 2011. Lo juzgaron y condenaron en 2013 a 11 años de prisión. Estaba en detención domiciliaria con tobillera electrónica. Fue asesinado en el barrio Santa Rita. Tenía domicilio de detención en Belisario Roldán. A trazo grueso, de un barrio al otro hay al menos 8 km. En 2020 le dieron la detención domiciliaria en contexto de pandemia, abusando del recurso tal como ocurrió desde el inicio de la cuarentena. Ahora, buscando cubrirse, los distintos actores del sistema buscan señalar que existía un alerta por el abandonado del lugar de detención domiciliaria por parte de Acosta. Relato. El “detenido” andaba a su aire, sin que nadie lo incomodara. Las visitas al domicilio de Santa Rita eran habituales. Alguien hizo su trabajo, y lo esperó para quitarle la vida.