Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Así decía mi papa: “una vuelta más”. Era habitual en los 70’s, o aún en los 80’s —cuando el parque de colectivos de Mar del Plata tenía en promedio 15 años de antigüedad y la rotura de unidades algo muy habitual e incordioso para el pasajero—, obligar a extender las horas de trabajo de los vehículos en condiciones y, por consecuencia, la carga de trabajo de los choferes.
Esta era, signada por el avance de la tecnología, ha permitido que algunas conductas humanas queden brutalmente expuestas: ataques de motochorros, choques, e intrusiones a ahogares que, quizá, nunca hubieran ocupado más de tres líneas en los medios —si es que esta información hubiera siquiera llegado a ellos—. En estos tiempos, dichas imágenes generan un impacto enorme, particularmente a través de la televisión.
O el tremendo puterío que armó Carlos Balmaceda, “Coqui”, en torno a su continuidad al frente de la secretaria de Cultura de la comuna. Un batibarullo menor que se da por posiciones políticas dentro del gobierno local que luce agotado a un año de su inicio, y que necesita un recambio en distintas areas que ya ni se discute.
La misma idea de que solo en Mar del Plata y Pinamar hay un grado excesivo de falta de compromiso ante las medidas de cuidado y distancia en el contexto de la pandemia de coronavirus, es intrínsecamente perversa, pero se trata de instalarla continuamente.
Fenecía 2020 y en la primera hora del primer día del año comenzó a circular una versión que auguraba el cierre de la costa atlántica a partir del día 8 de enero. Canal 26 lo afirmaba, y el colega Andrés Klipphan sostenía que el decreto estaba redactado.
Carlos, el modesto chofer de campaña empoderado hoy como el dueño de la vida de los bonaerenses. Hablamos de Bianco, el jefe de gabinete de la provincia y actor central en las confusas y por qué no maliciosas determinaciones de la gobernación sobre Mar del Plata en tiempos de pandemia.
Un control normal de tránsito provocó un impacto político cuya magnitud aún es imposible de determinar: fue detenido Julián Chialva, funcionario del Consejo Escolar designado durante la gobernación de María Eugenia Vidal. No era del PRO. Sí integraba una alianza que Vidal cultivó cada día de su mandato: era militante del Frente Renovador, que lidera Sergio Masa.
En la administración de General Pueyrredón dos funcionarios han sido relevados de sus cargos: Dario Oroquieta, en Seguridad, y Elisa Ferrara en Inspección General. Simple: se fueron luego de un año de percibir altos salarios, y sin haber brindado nunca, a cambio, el servicio que se esperaba por parte de ellos a los contribuyentes.
En los últimos días, grupos organizados han tornado al corte de rutas y calles en General Pueyrredón. Van a su aire, legitimados por el discurso de que sus reclamos se basan en precarias situaciones sociales. Una y otra vez, advertimos que, en su mayoría, son grupos que llevan décadas clamando por lo que dan en llamar trabajo “legitimo”.
El concejal Marcos Gutiérrez, integrante del frente de “algunos todos”, viene lanzando una tremenda batalla discursiva en la que busca plantarse como “el opositor”. Una batalla inútil, un farol que oculta los ruidos reales de en lo que está envuelta la corporación deliberativa.
Quizá lo más gravoso de este año que va cerrando su ciclo, sea advertir el daño que la imprudencia de Guillermo Montenegro le ha provocado a General Pueyrredón. Y hablo de todo partido, porque remitirnos sólo a Mar del Plata no expresaría debidamente lo que ocurre.
Guillermo Montenegro, desde el segundo cero de la declaración de cuarentena —antes que fuere cuarenterna (sic)— se subió al discurso de defensa de la vida por sobre todas las cosas, argumento que sirvió, ni más ni menos, para conculcar los derechos constitucionales de la ciudadanía. El un modo de aplicar estas restricciones llevó a que, en General Pueyrredon, se bata el récord de acciones punitivas contra la población general por no respetar —o, por interpretarse que no se respetaba— la manda presidencial del aislamiento social.