Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Es un trazarle una línea a un modo de hacer política que persiguió, desde el inicio de la gestión de Carlos Fernando Arroyo, limarlo política y personalmente, con el objetivo de abrir el juego a una candidatura para el 2019 que dé un espacio político de crecimiento al PRO en la provincia de Buenos Aires.
La concejal Angélica González halló su microsegundo de fama en la escena pública volteando el ordenamiento del valor de la tarifa plana del transporte público de pasajeros; otra invitada al baile que cree que el baile inicia cuando ella llegó.
La expresión “una imagen vale más que mil palabras” es una derivación sencilla de la frase del escritor ruso Iván Turgueniev, quien en el siglo XIX afirmaba que “una imagen muestra de un vistazo solo lo que requiere más de diez páginas de un libro para exponerse”. Así entendido, las imágenes de la semana próximo pasada en la reunión de gabinete ampliado en La Plata y las de esta semana en Mar del Plata, en las que legisladores de Cambiemos rodearon al intendente Carlos Fernando Arroyo en la promesa de jura de la bandera frente a 3 mil jóvenes estudiantes de la ciudad, dicen más que cualquier relato cuidado. Destacó, en este arropamiento político, el presidente de la Cámara Baja provincial Manuel Mosca. Heraldo de la denostación sin sentido que sufrió durante dos años el hombre del piloto, Mosca recorría la ciudad sin que nadie le echara flit, repitiendo una y otra vez “Arroyo ya fue, no jodan más”.
Fue para los medios digitales liderados por el loser Marcelo Pasetti un varapalo en los dientes. La invitación de la Gobernación al intendente Carlos Fernando Arroyo a la reunión ampliada de gabinete que se realizó en el predio de la Ciudad de los Niños sorprendió al idiotario de la cadena de corte y pegue, que aún hoy no sabe qué discurso articular ante sus audiencias por el marro brutal que implica que el hombre del piloto no sólo no ha renunciado sino que, superando las marcas y obstáculos, es incluido en la mesa grande del poder provincial.
Ante situaciones diversas que sacuden a la sociedad argentina, la crítica al Gobierno o a integrantes del Gobierno en cualquiera de sus órdenes suele señalar: ¿y el cambio? La propuesta política es CAMBIEMOS, no es “cambiamos”, y esa situación de no cambio y reluctancia a cambiar mucho tiene que ver con lo que nos ocurre a todos día a día.
Es un hecho que la intervención al consejo escolar de general Pueyrredón es el fruto envenenado de la intrusión en CAMBIEMOS de la línea interna de origen peronista que vincula al ministro de Gobierno Joaquín de la Torre con el senador Lucas Fioríni.
La sociedad marplatense sufre desde hace cuando menos cuatro décadas la apropiación impúdica de su poder expresado en las urnas por parte de un empresario convencido de que es el dueño de la ciudad. Un sujeto que ha afirmado ante empresarios interesados en invertir en Mar del Plata: “no te preocupes, dame el veinticinco por ciento de la sociedad y ió te garantizo al intendente y al concejo deliberante”.
Esta semana se llevó a cabo en Mar del Plata un coloquio sobre seguridad que trajo a la ciudad a la ministra de Interior Patricia Bullrich y al ministro provincial Cristian Ritondo. El encuentro se realizó en instalaciones del hotel Hermitage, una decisión que se desconoce si se tomó por compulsa de precios o sencillamente para mantener el statu quo, que, travestido de color —ya no impera el naranja—, ubica a actores repetidos en el reparto y la apropiación de fondos de la renta pública.
Parece que falta mucho, pero la disputa por el 2019 está en medio de todo. En la reunión que mantuvo Arroyo con Owen Fernández Farquharson —funcionario provincial que coordina acciones con los municipios bonaerenses—, el intendente marplatense dejó en claro que no se va de Cambiemos, que está dispuesto a trabajar en unidad, pero no a soportar que lo minimicen o lo arrinconen políticamente.
La procuración de la causa que tiene hoy bajo proceso a Rubén David Cagni, Luis Miguel Irós, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez —en el penal de Ezeiza los dos primeros, y en Marcos Paz los restantes— tiene varias puntas en las que interviene la AFIP/DGI, la ANSES y la Dirección Nacional de Seguros de Riesgos de Trabajo.
