Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Es un hecho que la intervención al consejo escolar de general Pueyrredón es el fruto envenenado de la intrusión en CAMBIEMOS de la línea interna de origen peronista que vincula al ministro de Gobierno Joaquín de la Torre con el senador Lucas Fioríni.
La sociedad marplatense sufre desde hace cuando menos cuatro décadas la apropiación impúdica de su poder expresado en las urnas por parte de un empresario convencido de que es el dueño de la ciudad. Un sujeto que ha afirmado ante empresarios interesados en invertir en Mar del Plata: “no te preocupes, dame el veinticinco por ciento de la sociedad y ió te garantizo al intendente y al concejo deliberante”.
Esta semana se llevó a cabo en Mar del Plata un coloquio sobre seguridad que trajo a la ciudad a la ministra de Interior Patricia Bullrich y al ministro provincial Cristian Ritondo. El encuentro se realizó en instalaciones del hotel Hermitage, una decisión que se desconoce si se tomó por compulsa de precios o sencillamente para mantener el statu quo, que, travestido de color —ya no impera el naranja—, ubica a actores repetidos en el reparto y la apropiación de fondos de la renta pública.
Parece que falta mucho, pero la disputa por el 2019 está en medio de todo. En la reunión que mantuvo Arroyo con Owen Fernández Farquharson —funcionario provincial que coordina acciones con los municipios bonaerenses—, el intendente marplatense dejó en claro que no se va de Cambiemos, que está dispuesto a trabajar en unidad, pero no a soportar que lo minimicen o lo arrinconen políticamente.
La procuración de la causa que tiene hoy bajo proceso a Rubén David Cagni, Luis Miguel Irós, Roberto Luis Balbuena y Luciano Conrado Diez Suárez —en el penal de Ezeiza los dos primeros, y en Marcos Paz los restantes— tiene varias puntas en las que interviene la AFIP/DGI, la ANSES y la Dirección Nacional de Seguros de Riesgos de Trabajo.
Las acciones que llevaron a la detención de dos abogados y sus asociados en Mar del Plata, integrantes de un estudio dedicado a gestionar jubilaciones y pensiones de manera fraudulenta, arrancaron en una movida de la Superintendencia de Seguros de Riesgos de Trabajo, en línea con Anses y AFIP.
