Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Fue una semana en la que los anuncios en materia de asfalto y mejoras en distintos puntos de la ciudad debieron haber colmado la cobertura mediática local. Pero no fue así: como es ya un hábito, la mentira, la manipulación y el acoso político-mediático a la administración dieron el tono.
La designación de Hernán Mourelle como nuevo secretario de Hacienda del municipio de General Pueyrredón en reemplazo de Gustavo Schroeder puede ser sorpresa para no entendidos. La decisión estaba tomada desde hace 15 días, y se resolvió en extensa reunión del intendente Carlos Fernando Arroyo con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires Hernán Lacunza.
Quisiera no tener que escribir estas líneas, pero los hechos mandan. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal estuvo en Mar del Plata, se alojó en el Hotel Provincial, y dio dos entrevistas, una al diario La Capital, y otra a Canal 10.
El día posterior a las elecciones, un candidato del cristinismo expresaba públicamente su decepción, señalando que espera otro acompañamiento del electorado en la ciudad. Eso dicen en público, mientras para adentro destrozan desde el verbo tanto al intendente como a la candidata Vilma Baragiola. Subidos a un extraño púlpito de autocomplacencia, desprecian al otro y se sobreestiman. Así les va.
Los medios señalaban: “La fiscal Sánchez dio una versión horrorosa del crimen de Lucía Pérez”. Y abundaban, en sintonía nacional y global: “(La fiscal) calificó de «inhumana» la agresión sexual sufrida por la chica de 16 años asesinada el sábado. Los dos detenidos, de 41 y 23 años, fueron acusados de venderle droga en la puerta de su escuela, al día siguiente drogarla en la casa de uno de ellos y violarla con una violencia tal que le produjo la muerte”.
La reunión fue en la Casa Rosada y tuvo una agenda extensa, que el presidente Mauricio Macri manejó con rigor y ajustado detalle. Partícipes de la vida portuaria y la pesquería local advirtieron claramente la predisposición presidencial a dar respuesta a los conflictos de la actividad y su ámbito de influencia de manera sólida y consistente.
