Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Desde siempre, dos más dos ha sido cuatro. La suma de Carlos Gonella, fiscal jefe de la PROCELAC, y Daniel Adler, fiscal general de Cámaras de Mar del Plata, integrantes ambos de Justicia Legítima, da dos, y su accionar en conjunto en la falacia pergeñada para detener y someter a el escarnio mediático al abogado Mariano Castellucci, sólo puede dar cuatro.
La presencia intempestiva de un grupo de funcionarios de la comuna en el Concejo Deliberante pretendiendo exponer al respecto de su buen nombre y honor, trajo al escenario un tema clave sobre el manejo de la administración en temas sensibles.
Quien quiera poner en duda la aseveración que he volcado en estas columnas y en mi tarea radial en la 99.9, reciba el guante del desafío a debatir en cualquier ámbito; aún en el de la justicia.
En junio de 2013 revelábamos en este medio y por la emisora 99.9 la situación cargosa que la justicia de los Estados Unidos promovía contra Germán Cóppola y Francisco “Cacho” Pagano por trasiego de dinero negro de Argentina hacia ese país. La información fue, como en tantas ocasiones, ninguneada, hasta que tiempo después Clarín la publicó en su portada. Entonces, con la Capital como buque insignia, la cadena de corte y peguereplicó la noticia.
La designación de Rodolfo “Manino” Iriart no es un mero cambio de funcionarios: es la intervención lisa y llana de la Secretaria Municipal de Seguridad en Mar del Plata por decisión del gobernador Daniel Scioli, harto de los continuos yerros que se han dado en una ciudad que ocupa el lugar mítico de ser la base de construcción política electoral del hombre color naranja.
Lo ocurrido en la semana que finaliza en torno a los cargos y distribución de poder en el Concejo Deliberante debe ser motivo de análisis por parte de quienes entienden que la democracia y sus formas, sus reglas escritas y aquellas implícitas, fruto del consenso político, están para ser respetadas y no violentadas.
