Durante muchos años, se dijo —livianamente— que, por suerte, Facundo Moyano bancaba al Club Alvarado. Digo livianamente porque, al igual que su tía Eva —que nunca fue camionera— Facundo Moyano se hizo de un gremio sólo porque su familia ostentaba poder.
Hugo Moyano construyó ese poder durante décadas. Existe, desde la década del 1980, la idea de que Carlos Menem destruyó el sistema ferroviario argentino para dejar el negocio de la transportación en manos de esta familia, que ha logrado pasar por mucho sumando tanto dinero como negocios a espuertas.
En una movida que nadie logra entender, por directiva del propio Hugo Moyano, se presentó una denuncia por un fraude millonario en la administración de uno de los hoteles gremiales del sindicato que estaría dada por el desvío de fondos mediante sobre precios en insumos —comida, limpieza, etc—, la contratación de proveedores fantasma y el uso de cheques en blanco. Al menos inicialmente, se habló de un fraude estimado en un monto de entre 10 y 13 millones de dólares. Todo este auténtico galimatías político, gremial y judicial está en la fiscalía 10 de delitos económicos, en el fuero provincial.
Tanto Claudio Balazic, el ex secretario administrativo del sindicato, como Paulo Villegas, el ex tesorero, ya están sometidos a proceso e imputados. No son los únicos. En esto, hay una cuestión muy intrigante: la fiscalía 10 ha protegido, por todos los medios, el nombre del administrador del hotel, quien sostiene su intención de participar del proceso bajo la condición de testigo protegido.
Quien ha instalado esta investigación en el ojo de los medios, es Manuel Javier Rodríguez, cuya denuncia fue ampliamente publicada en La Nación, en dos capítulos. Rodríguez fue director regional en Mar del Plata de la AFIP-DGI, con un paso muy recordado por dicha institución debido a que, en julio del 2018, presentó su renuncia al cargo de director general por presiones de la entonces conducción nacional a cargo de Leandro Cuccioli para que se apartara a inspectores que investigaban a las empresas vinculadas a la familia del presidente Mauricio Macri en el marco de la llamada «Causa de los Cuadernos».
Rodriguez, contador público de profesión, fue funcionario de planta permanente en la AFIP y tenía más de 30 años de antigüedad en la agencia —habiendo ingresado en los niveles técnicos y pasado por la jefatura de la División Fiscalización de Mar del Plata y la zona antes de llegar a la dirección general— y, luego de la reestructuración de la AFIP hacia la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se desempeñaba en roles técnicos de supervisión. El pasado viernes, 24 de abril, presentó una denuncia penal asegurando que había sido desplazado de su cargo para evitar que avance la fiscalización de los proveedores aprócrifos del hotel sindical.
Esta denuncia de alto voltaje —que rápidamente se convirtió en un tema de sumo interés para la media metropolitana— asegura que existe coacción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento y peculado. Rodríguez afirma que se desmantelaron equipos de auditoría que estaban detectando irregularidades graves, siguiendo un patrón de «aprietes» para frenar expedientes sensibles.
Nada nuevo, nunca tan expuesto.