Finalmente, y luego de un largo derrotero, el pasado viernes 24 de abril de 2026 la Cámara Federal de Casación Penal dictó un fallo histórico que cierra el capítulo patrimonial de la causa Vialidad, confirmando el decomiso y la ejecución de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez.
La medida busca cubrir el perjuicio económico al Estado, fijado en aproximadamente $684.000 millones (es decir, unos USD 480 millones a valores actuales). La resolución alcanza un total de 111 activos (inmuebles, hoteles, sociedades y terrenos). A pesar de las apelaciones, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña incluyeron bienes que habían sido cedidos o heredados por Máximo y Florencia Kirchner bajo el argumento de que el decomiso sigue al bien, cuyo origen jurídico está viciado por el delito independientemente de quién sea el titular actual.
En este punto, cabe destacar que el juez Mariano Borinsky votó a favor del decomiso general, pero en disidencia parcial respecto a los bienes heredados por los hijos, sugiriendo que sobre esos puntos faltaba acreditar la trazabilidad directa con el ilícito, lo cual introduce interrogantes, al no ser unánime el fallo.
Sin embargo, el fallo de Casación implica que ya no quedan recursos ordinarios para frenar la ejecución. Si los bienes decomisados inicialmente no alcanzan para cubrir el monto total de la condena, la Justicia ya autorizó avanzar contra el patrimonio de los otros condenados, como José López (ex secretario de Obras Públicas) y ex funcionarios de Vialidad. Aún así, este decomiso no dimensiona el monto real del latrocinio perpetrado al país: Sólo los hijos de Lázaro Báez, tenían en el exterior en USD 65.000.000, almacenado mayoritariamente en cuentas en los bancos Lombard Odier y J. Safra Sarasin de Suiza, donde los cuatro hijos del empresario (Martín, Leandro, Luciana y Melina) figuraban como beneficiarios finales a través de la firma Helvetic Services Group. La información subraya que el dinero ya está bajo custodia de la Corte Suprema, tras un complejo proceso de cooperación internacional con la fiscalía de Ginebra.
Todo ha pasado frente a nuestros ojos, impunemente, por décadas. Lo intenso y curioso, es el grupo de argentinos que le encuentran justificación a semejante latrocinio.
Lo vinculado con Vialidad no es lo único, obviamente. Otro caso, es el robo sistemático desde las obras sociales como la OSCHOCA de camioneros, por décadas, y el caso de la llamada «mafia de los medicamentos» donde Marcos Hendler —dueño de Droguería Urbana y pieza clave del engranaje con dicha obra social— logró evitar una condena de prisión efectiva durante años luego de haber sido procesado, primero, por el juez Norberto Oyarbide y luego por Claudio Bonadio. La causa sufrió constantes nulidades y apelaciones hasta que, finalmente, varias de las acusaciones por «asociación ilícita» prescribieron o fueron elevadas a un juicio oral que se ha postergado repetidamente.
Justicia lenta, no es justicia.