Es una batalla de fondo, en la que no hay espacio para débiles de espíritu. La dirigencia sindical municipal busca hacer el trabajo sucio que la coalición de intereses que anida en Mar del Plata durante los últimos veinticinco años no logró llevar a cabo por la vía política: llevar a Carlos Fernando Arroyo a renunciar, inviabilizando el funcionamiento de la administración comunal.
Todas las propuestas de mejora salarial han sido rechazadas una y otra vez aduciendo siempre, claro está, que se lo hace por el sagrado interés en el bien de los agentes municipales. En público fustigan sobre el secretario de hacienda Hernán Mourelle y buscan así menoscabar la autoridad del intendente. La media canalla de la ciudad, en sintonía con el multi-ladrey, hace corifeo del disparate y tuerce los hechos, jornada tras jornada.
Juega en esto también la obsesión del gobierno provincial con lograr un escenario que favorezca en 2019 la promoción de Guillermo Montenegro como candidato de Cambiemos para la intendencia local. Este es el único motivo que explica la pasividad del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que da vueltas e insiste en que no puede plantear otra instancia de conciliación obligatoria dado que agotó el plazo del llamado anterior y no se arribó a la solución del conflicto.
Nada, absolutamente nada en el marco de las normas vigentes dice que no puede haber más de una instancia de conciliación. Por otro lado, el gris de la medida dispuesta por el gremio que lidera Gilardi, de “concurrencia a los puestos de trabajo con quite de colaboración”, es una burla. A la vista está que todos los servicios municipales están paralizados de manera brutal, aún a costa de vulnerar derechos humanos básicos tales como los servicios de enterramiento en cementerios y el derecho a la salud.
En este contexto, la gestión más disruptiva de la política local fue por una medida excepcional a la Corte Suprema de la Provincia, obteniendo un resultado que pone patas para arriba la lógica golpista que buscó, por ordenanza, dictar al ejecutivo su política salarial para el sector docente, abriendo de ese modo una caja de pandora de imprevisibles consecuencias.
Los curules de todos los bloques —menos Agrupación Atlántica— votaron una ordenanza que buscó dejar en firme una política de usos y costumbres que databa de la década los ‘90 y que daba por correcto pagar en concepto de bonificación horas no trabajadas. Lo desafortunado, es que la ordenanza no sólo buscaba mantener el privilegio de los docentes municipales, sino que abría la puerta a la posibilidad de que, en muy poco tiempo, áreas enteras trabajaran cuatro horas diarias y percibieran su salario como si trabajaran siete. Inviable e impagable.
La resolución de la corte, entendiendo que hay un conflicto de poderes, determinó suspender la ordenanza. Lo hizo en el tiempo record de cuatro días y notificó al deliberativo para que se presente a derecho y arguya sus razones. El titular de poderoso estudio en La Plata me señaló: “es un caso único, en la determinación expresada por la corte esta la sentencia misma. Nunca visto.”
Sí, es un caso nunca visto de acoso político, una conducta golpista espuria. Una batalla que no da espacio para débiles, ni distraídos.