Ha sido una constante desde el inicio de la intendencia de Carlos Fernando Arroyo. No hay jornada sin polémica o títulos degradantes. Los mismos títulos que estuvieron ausentes en los ocho años previos en los que el reparto de los recursos municipales eran la constante. Esa actitud, el apoderamiento de los recursos del estado para unos pocos, se ha hecho carne en la subcultura del empleado municipal.
No están solos, y el genérico “empleado municipal” conlleva —precisamente, por ser una generalización— una cuota de injusticia para quien siendo parte de la planta del estado cumple sus funciones debidamente. Señalo que lo descripto en estas columnas siempre atañe a la cosa pública sin cuestiones personales. Quien quiera oír que oiga, quien quiera montar en enojo está en su derecho. Cada uno sabrá si le cabe el sayo.
Entre los dimes y diretes de esta semana se ubicaron al frente la polémica desatada por la investigadora de CONICET Romina Casali, quien, estimo, nunca imaginó quedar en medio de tremendo tole tole por un paper de su autoría. CONICET niega pero al mismo tiempo valida el trabajo, dada su condición de investigadora. En su currículum se indica: “Romina Casali es profesora y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y se desempeña como investigadora permanente del CONICET (categoría Asistente) en el área Sociología y Demografía. Su trabajo se relaciona con el análisis de las condiciones sanitarias y demográficas de las diferentes poblaciones fueguinas para fines del siglo XIX y el devenir del XX. Ha publicado sobre temas vinculados con cuestiones de salud, demografía y relaciones interétnicas para los momentos de colonización en Tierra del Fuego”.
El trabajo de Casali publicado en La Capital adoptó un sesgo exageradamente negativo. Alteró la paz interna del sistema político que lleva hoy adelante la conducción de la comuna y disparó horas de debate y gritos al respecto de una estrategia para afrontar la publicación y exigir una réplica. Ahí viene lo que, entiendo, no se comprende. No se puede ser disruptivo y esperar a que los afectados en sus privilegios no reaccionen, que no defiendan el universo de lo que supieron conseguir.
Puesto en letra de molde el informe Casali se vivió, primero, como un damero de mentiras, y luego como un elemento de campaña para dar alas a las críticas de la oposición, en particular al sector del ex intendente GAP y de sectores piqueteros y de izquierda que hacen de la algarada en torno a la salud publica su cotilleo diario.
Sobran los testimonios que indican claramente que hay que modificar una cultura existente que gira en torno al apoderamiento de la renta pública. Un dato central es que la votación que finalmente dio lugar a la aprobación del presupuesto 2019 no se dio por la probidad mágica que adquirió el presupuesto enviado en 2018, sino por la necesidad de los curules de asegurarse el dinero para el pago de los contratos del Concejo Deliberante. No fue una mejor distribución de los recursos, o una baja sustantiva del ordenamiento de valores para hacer más fácil la vida al contribuyente, fue la propia necesidad de seguir embolsando montos importantes por la vía de los módulos. Solo el presidente del Consejo, Guillermo Sáez Saralegui, tiene 35 módulos.