Hay cuestiones de la gestión municipal por demás que podría exponer en estas líneas. Todo queda opacado por la ordalía de violencia, la frivolidad de un servicio de justicia alejado del sentido común y la anomia policial, que nos dejan como blancos móviles de una criminalidad que está desatada, mal.
Según el parte policial del día 21 de abril, un grupo de criminales fue detenido luego de una larga persecución a bordo de un vehículo robado, al que le habían cambiado las patentes. El parte policial sobre el cual se basan las crónicas publicadas en los medios señala, textualmente: «El 21 de abril de 2026, personal de la Comisaría 4ta., con intervención de la UFI de Flagrancia a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, llevó adelante actuaciones en el marco de los hechos de encubrimiento y averiguación de ilícito». Agrega: «En circunstancias que personal de GTO se hallaba abocado a tareas preventivas en el marco de la O.S. 898/26, observa en inmediaciones de Olazábal al 2500 la circulación de un vehículo Honda Civic color blanco con dominio colocado apócrifo y cinco ocupantes masculinos». Excelente: la fuerza de seguridad, atenta, advierte algo irregular, considera razonable la actitud de dudar, y actúa para interrogar. Lo curioso, es lo que sucede luego de la persecución y detención, en la que se comprueba que en el vehículo cuya numeración de chasis y grabado de vidrios no coincide con la chapa patente. Según la propia crónica policial: «Identificados los ocupantes, un total de cinco masculinos mayor de edad, entre 23 y 46 años, se constata en el interior del rodado la presencia de herramientas, pasamontañas y elementos de interés para la causa». Continúa: «Asimismo, se establece mediante grabado de cristales que el dominio original corresponde a AC085VX, vehículo con pedido de secuestro activo de fecha 07/03/2026 por Robo Agravado por Efracción a requerimiento de Comisaría 7ma.».
Con este escenario —robo agravado, huida del personal policial y elementos ciertos de uso criminal— la fiscal Mariana Baqueiro decide —cita textual del parte policial enviado a los medios, sin que a nadie se le mueva ni un pelo—: la «imputación por el delito de encubrimiento para el conductor del vehículo y la formación de causa por averiguación de ilícito para los restantes ocupantes, quienes recuperan la libertad conforme directivas impartidas». Sigue: «Así mismo se realiza requisa de urgencia, procediéndose al secuestro del vehículo y de diversos elementos, entre ellos prendas de vestir, herramientas, linternas, pasamontañas, guantes y un teléfono celular».
O era carnaval, y lo que llevaban eran disfraces, o eran delincuentes preparados para actuar en perjuicio de la sociedad. El dato escalofriante de esa noche —por supuesto, no reflejado en el parte— es que, a pocas cuadras de allí, y con muy escasa diferencia de tiempo, se produjo una violenta intrusión a una vivienda durante la cual sus habitantes fueron despojados de una alta suma en dólares y joyas, luego de haber sido sometidos a través de una tremenda golpiza.
Es cierto que en el auto detenido e inspeccionado no se informa de la presencia de dinero ni joyas. Sin embargo, la decisión de la fiscal presenta enormes interrogantes: la funcionaria en cuestión no se presentó en el lugar de los hechos, sino que asumió como válida la información brindada por la autoridad policial y dejó hacer y decidir.
Un cruce de denuncias y de las imágenes de las cámaras de seguridad, sin embargo, brindarían elementos más que firmes para esclarecer qué sucedió en realidad alrededor de estos eventos que el parte policial —convertido en «noticia» por la cadena de corte y pegue— ha ocultado a la vista de todos.