La Campora tiene un objetivo: reducir la actividad económica de Mar del Plata, para así hacerse del poder al volverse cada día más necesaria para sostener en mínimos a una población sumida en la miseria.
Ha sido una campaña sistemática de declaraciones estructuradas ideológica y políticamente las que tuvieron como pívot al director de zona sanitaria VIII Gastón Vargas y al director de la escuela de medicina de la UNMDP Adrian Alasino, pidiendo cierre total de la ciudad como mecanismo para bajar la progresión de contagios por Covid.
Es un hecho que el virus existe y que la pandemia afecta al planeta. No es negacionismo, es sentido común ante lo que ocurre. Las imágenes de la India pueden llamar al espanto. Los registros en Argentina son peores que los del país asiático. Y esos resultados, son la consecuencia de las políticas que plantean estos militantes políticos desde su imagen de hombres del sector de la salud.
La determinación del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Carla Vizziotti, desarrajó sobre Mar del Plata la clasificación de “zona de alerta epidemiológica” que le da al trio Kicillof-Gollan-Kreplak el poder para determinar el bajar a la ciudad a fase 2 y así ampliar el marco de restricciones que ya impera.
Todo ocurre en paralelo con la gacetilla de prensa que exhibe a una muy sonriente Fernanda Montoto Raverta anunciando que el estado “halló” a miles de niños que no cobraban la AUH. La figura y contrafigura es evidente. Cerrar, reducir la actividad económica a mínimos, y mostrarse como la solución.
Es el criterio con el que se compone también el vergonzoso video que expone alegremente la llegada de un millón de vacunas al país: un relato que busca ocultar el fracaso monumental del proceso vacunatorio.
La ciudad, en tanto, repite sus sonseras sin reposo alguno. El municipio reconoce una tarifa para el trasporte público de cuando menos $93, tarifa imposible de pagar para el bolsillo de la dama y caballero. Aquí, en donde deben funcionar los subsidios, el Estado nacional, no está.
Cuando menos el gobierno comunal ha tenido el coraje de reconocer las condiciones reales de la situación que es insostenible. La Secretaría de Movilidad de Córdoba capital evaluaba en octubre del año pasado: “en mayo un precio del boleto de $236,74. ¿Por qué? Por la poca cantidad de pasajeros que se transportó en ese mes”.
La ciudad no tiene como resistir un cierre del tamaño que propone el kirchnerismo. No sólo es absurdo: es políticamente fútil. Cuarenta mi bolsas mas de ayuda por mes no les van a dar el triunfo electoral que deliran tener este año.
Tal como señaló Alejandro Rabinovich en la 99.9: “no se puede usar el martillo ahora, porque nos quedamos sin herramientas a futuro”.