La respuesta a la pregunta «¿en dónde ocultar un elefante?» suele ser «en una manada de elefantes». Así es como ha estado Andrés Villalba —«el cheto» para sus amigos y conocidos en su natal Lobería, luego devenido en «el keto» entre los entendidos de la política en La Plata— durante todos estos años que han transcurrido desde la vuelta de la democracia en 1983.
Partió en ese año —junto a cientos de jóvenes radicales— a vivir la gran aventura de la política de la mano de Robert Evangelista, el diputado provincial de la UCR que fue miembro del Movimiento de Renovación y Cambio. En ese entonces, Villalba tenía 25 años y —como suele decirse— «ni un peso».
Hoy, manera una fortuna: es sponsor de equipos de TC y posee un restaurante, una vinoteca, un impresionante salón de fiestas y es dueño de algunas estaciones de servicio. Todo esto, sin dejar de ser jamás funcionario de la cámara baja de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Villalba es hoy uno de esos oligarcas a los que se refería Raúl Alfonsín en 1987, de los que se hicieron millonarios con el dinero de los bonaerenses. Se trata de una figura que permanece oculta para el gran público pero que se muestra esencial a la hora de manejar acuerdos, trapicheos y la distribución de los recursos públicos.
El 3 de mayo 2016, Néstor Felgueiras —empleado de la cámara baja de la Legislatura bonaerense— fue detenido en Balcarce cuando intentaba acordar con una vecina del lugar la baja de un subsidio que figuraba como ingresado en su caja de ahorros. Felgueiras fue condenado en un juicio abreviado, pero la causa principal, que se derivó a La Plata, nunca prosperó.
La maniobra se realizaba desde la administración de la Cámara de Diputados, y se estimaba millonaria. La causa quedó encapsulada en Felgueiras y nunca más se supo nada, igual que pasó con aquella de la década de 1990, que involucró a dirigentes de la UCR y en la que figuró el domicilio de la casa de Villalba en La Plata. Según fuentes judiciales citadas en Mar del Plata y en La Plata «El objetivo final era, por supuesto, quedarse con el dinero de esos sueldos, para lo cual tenían acceso a las cuentas bancarias de las víctimas, la que ignoraban todo lo que ocurría. Cada uno de esos empleados ganaba cerca de 50 mil pesos. […] Esto se conoce en el mundo de la política desde siempre y se trata de los asesores y empleados temporarios que ingresan en los bloques políticos. Ahí es donde está la verdadera fuga de dinero del Estado».
Hay una línea que en el tiempo une a todos estos hechos, nunca debidamente explicados y que —misteriosamente— desaparecen en los cajones de los despachos de los tribunales platenses. Es algo que ocurrió, ocurre, y seguirá ocurriendo si se mantienen las mismas líneas de acceso al poder, alejadas de la ciudadanía, actuando de modo delictual, y ajenas a toda idea del bien común.
¿Y me preguntan por qué?