El abogado Carlos Dieguez analizó la detención de efectivos en Florencio Varela, denunció irregularidades en la investigación del caso de Paloma y Josué y advirtió sobre una grave crisis institucional en la provincia.
El abogado Carlos Dieguez se refirió a la reciente detención de efectivos policiales en Florencio Varela por un hecho de robo agravado, y sostuvo que el episodio deja al descubierto responsabilidades políticas más profundas: “Esto no es la institución policial, son cinco forajidos, pero acá hay responsabilidades políticas”.
Según explicó, los detenidos “hacía cinco meses que se encontraban en la comisaría primera de Florencio Varela”, pero no se trataba de personal cualquiera: “Eran personajes que ya venían con cuestionamientos, habían estado a cargo de la comisaría cuarta cuando fue el caso de Josué y Paloma, donde tuvieron una intervención patética”.
En ese sentido, relató que durante la investigación se tomaron testimoniales a nueve efectivos y los resultados fueron alarmantes: “Era impresionante las barbaridades que decían, no podían encajar en la verdad de nada”. Como ejemplo, señaló: “El jefe de calle argumentó que no estaba porque estaba en el cumpleaños del hijo, a 20 cuadras de la comisaría, mientras había dos menores desaparecidos”.
Dieguez también cuestionó la falta de acciones concretas en la búsqueda: “Se hablaba de un amplio rastrillaje que nunca se realizó, y los chicos fueron encontrados de la peor manera, por un nene que pasaba circunstancialmente por el lugar”. Además, criticó que testigos clave no hayan sido identificados ni interrogados: “Los dejaron ir sin tomarles declaración en una causa donde se buscaba a dos chicos”.
Respecto del hecho que derivó en las detenciones recientes, indicó que los policías “pararon a un ciudadano acusándolo de haber robado cables que en realidad eran retazos comprados en una chatarrería”, y agregó: “Le sacaron 4 mil dólares”. El giro del caso se produjo porque la víctima era familiar de otro jefe policial: “Ese jefe se presentó en la comisaría y una oficial, con mucho coraje, llamó a Asuntos Internos. En 40 minutos estaban el auditor y el fiscal, y fueron todos detenidos”.
Para el abogado, el episodio refleja un problema estructural: “¿Cómo llega esa gente ahí? ¿El poder político no sabe cómo se manejan o mira para otro lado?”. Y reforzó: “Estamos hablando de comisarios, subcomisarios, jefes de calle, gente de alta jerarquía. No es el policía de la esquina”.
En paralelo, se refirió a la causa por el crimen de los niños, que aún no tiene resolución: “Hoy estamos en veremos. El nuevo fiscal trató de ordenar la investigación patética que había hecho el primero”. En esa línea, denunció haber sido víctima de una maniobra para apartarlo del caso: “Ese fiscal me hizo una falsa denuncia para correrme. Fui sobreseído en primera instancia y en juicio oral”.
Dieguez detalló el impacto personal de esa situación: “Fueron 14 meses de calvario. Me pedían 10 años de prisión por una mentira sin precedentes”. Y agregó: “Tuve que afrontar honorarios por casi seis millones y medio de pesos para defenderme”.
También cuestionó la falta de respaldo institucional: “Ni siquiera tuve el apoyo del colegio de abogados. Cuando hay cuestiones políticas, todos miran para otro lado”. En ese sentido, criticó el rol de estas entidades: “Solo están para la foto, para que los voten. Después, pagá la matrícula y arreglate”.
Finalmente, advirtió sobre el clima general en la provincia: “La gente tiene miedo, no se quiere meter. El ciudadano común se siente desprotegido”. Y concluyó con una fuerte definición: “No pueden seguir tapando el sol con la mano. Esto es gravísimo, se va la vida de jóvenes, de chicos, de gente que sale a trabajar todos los días y nadie se hace cargo”.