El fiscal que imputó a 43 padres de chicos que tomaron colegios durante 2018 en Ciudad de Buenos Aires, habló en la 99.9 y destacó el cambio de paradigma en la discusión sobre este tema: “la discusión no se dará en los medios de difusión ni en los colegios sino en el marco de un proceso con todas las garantías penales que puede tener un imputado”.
La imputación de 43 padres por la responsabilidad de sus hijos en la toma de 8 colegios durante el 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, es un cambio en el paradigma de este tipo de acciones. El fiscal que impulsó esta medida fue el Dr. Carlos Rolero Santurian que habló en la 99.9 sobre el caso.
“Lo que se imputa es una contravención donde se plantea impedir voluntariamente y sin causa justificada el ingreso o egreso de personas de lugares públicos o privados. Lo novedoso es que más allá de la responsabilidad de quienes estuvieron en la toma, se imputa a los padres que no estuvieron pero tampoco hicieron nada para impedir la conducta de sus hijos”, indicó.
La responsabilidad de los padres tiene dos aspectos fundamentales que son los que llevan a la imputación, según explicó el fiscal: “tuvieron el conocimiento en el momento del hecho de la conducta que estaban teniendo sus hijos y la posibilidad de hacer algo para que no incurrieran en ella. El conocimiento y la falta de voluntad, constituyen el núcleo central de la imputación en materia penal”.
El cambio de paradigma para Rolero Santurian está en el lugar en el que se discutirá esa responsabilidad de los padres sobre las conductas de sus hijos y lo que han hecho para evitarla: “acá la discusión no se dará en los medios de difusión ni en los colegios sino en el marco de un proceso con todas las garantías penales que puede tener un imputado. Estamos hablando de penas en multas que podrían llegar a 10.000 pesos o trabajos de utilidad pública, pero me parece relevante la imputación, algo que hasta el momento no se había efectuado”.
Después la conclusión del caso, dictará que responsabilidad han tenido, pero mientras tanto habrá una discusión en el ámbito correspondiente que vale la pena dar: “lo que planteamos es que no hacer nada tiene relevancia desde el punto de vista penal y habrá un juez o una jueza que resolverá si yo tengo razón o los padres con sus abogados defensores tienen razón. Ya no hacemos discursos de barricada y lo hacemos en el contexto de un proceso penal”.