La ley 24.429, que estableció al Servicio Militar como “voluntario” en 1995, cuenta con un artículo, el 19, que permite recurrir a la vieja norma del llamado compulsivo, si las Fuerzas Armadas no cubren su cupo de inscriptos.
A pesar de lo que masivamente se cree o supone, el servicio militar sigue siendo obligatorio en la Argentina, a pesar de que eEn 1995 se aprobó una ley que lo declaró voluntario, meses después del crimen del conscripto Omar Carrasco.
Esa ley, que actualmente está vigente y es recordada como la del “Servicio Militar Voluntario”, es la 24.420, deroga a su antecesora, la 17.531 de obligatoriedad a la instrucción, pero a la vez deja una puerta abierta para recurrir al llamado compulsivo en caso de que el Gobierno lo ordene.
La nueva ley modificó la manera en que las tres armas pasaron a nutrirse de personal. El sistema de sorteo para Marina, Fuerza Aérea y Ejército se convirtió en inscripción abierta, decidida como una opción para candidatos que elegían la carrera militar, reglamentada y con salario. Sin embargo, ello no significa que la imposición a formar filas militares se haya desterrado definitivamente. Así lo indica el artículo 19 de esta reglamentación: “En el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año. Para realizar la convocatoria el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización por ley del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes. Los ciudadanos que ingresen a las filas de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo previsto por el presente artículo, tendrán los mismos derechos y obligaciones enunciados en el artículo 2 y percibirán una retribución equivalente a la establecida en el artículo 4 de la presente ley”.
Horacio Righi es uno de los hombres que trabaja en la vuelta al anterior régimen, y recientemente ha manifestado: “A la 24.429 también la llamamos ‘Ley Trampa’, porque tiene pocos artículos que por lo general no se conocen, y uno especialmente que remite expresamente a la obligación de presentarse en un cuartel si el Estado lo requiere. Los tiempos cambiaron, pero la mentalidad militar, ese mandato cultural tan vinculado con la superioridad, el honor y lo correcto, nos sigue marcando. Siempre la ‘seguridad’ estuvo cómoda luchando contra fantasmas. En aquellos años el anarquismo, el socialismo y los movimientos comunistas. Y hoy podría ser lo que tan genéricamente se llama ‘delincuencia’ relacionada al pobre. El general Pablo Ricchieri decía que la instrucción militar moralizaba a la ciudadanía, por ejemplo”.
El detalle de este articulado ha motorizado una campaña con casi 500 adherentes para la abolición del Servicio Militar Obligatorio que se inició en 2009. Muchos de ellos aportaron ideas para un proyecto de ley que derogue definitivamente la 17.531. En ese camino hay muchas instituciones y organismos de DDHH que apoyan la iniciativa: CELS, SERPAJ, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, CEMIDA, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros. Y distintas personalidades y referentes sociales como Osvaldo Bayer, Miriam Lewin, Julio Morresi, Norman Briski, Teresa Parodi, Raúl Zaffaroni, Bernardo Alberte, Claudia Puyó, Rodolfo Mattarollo, Carlos Slepoy, Aldo Etchegoyen, Fernando Portillo, Mirta Mántaras, Sara Steimberg, Pablo Llonto, Stella Calloni y Julia D´Andrea Mohr.
Esta campaña empezó en la mesa de un bar y por casualidad. Ricardo Righi, Horacio Verstraeten y Gustavo Capra, tres conscriptos durante los años setenta, elegían temas para su programa de radio La voz de los colimbas, cuando uno de ellos señaló: “Che, el servicio sigue siendo obligatorio y nadie lo sabe. ¿Qué podemos hacer?” A partir de ese momento, mediados de 2009, el grupo consiguió casi 500 adhesiones a la idea, que apunta como objetivo final a que el Congreso de la Nación apruebe una ley en reemplazo total de la actual.
Righi adelantó los próximos pasos: “El objetivo último es que el Congreso apruebe una ley definitiva que no deje lugar a interpretaciones distintas: el servicio no es obligatorio, y punto. Queremos informar a la gente, aclararle que si no cambiamos esto, alguien podría convocar a los pibes en un futuro, y tendría respaldo legal para hacerlo si no nos movemos a tiempo”.