La presidenta de ASPREDIS advirtió sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. Cuestionó que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se esté aplicando en la práctica, alertó por la salida de profesionales del sector y reclamó dejar de considerar la discapacidad como un gasto para entenderla como una inversión.
La presidenta de la Asociación Civil de Servicios para la Discapacidad y la Inclusión (ASPREDIS), Jesica Machado, advirtió en la 99.9 sobre la situación “muy grave” que atraviesa el sector de la discapacidad y cuestionó la falta de aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al tiempo que alertó sobre una creciente precarización de los profesionales que trabajan en el área.
Machado explicó que ASPREDIS es la asociación que nuclea a prestadores de discapacidad y que anteriormente funcionaba bajo el nombre de Prestadores Unidos Mar del Plata. “Es una agrupación que hace cuatro años que estamos trabajando en relación a todas las temáticas de discapacidad, pero ahora hemos conseguido la personería jurídica y por eso nos estamos presentando como asociación”, explicó.
Al analizar la situación actual, fue contundente: “La situación es muy grave realmente. Nosotros no queremos ser alarmistas, pero la transitamos diariamente junto con las personas con discapacidad y sus familias”.
En ese contexto, recordó que el sector se encuentra bajo la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Cuando se hace una ley de emergencia es porque realmente el sector requiere una asistencia inmediata”, sostuvo.
Sin embargo, cuestionó que la normativa no se esté traduciendo en soluciones concretas. “Esta ley que entró en vigencia el 4 de febrero bajo la presión de la parte judicial, no está siendo aplicada en la diaria”, afirmó. “Nosotros como prestadores, las personas con discapacidad y sus familias, no estamos viendo los puntos que marcaba como emergente la ley en funcionamiento”.
La dirigente también puso en duda que la emergencia pueda sostenerse en el tiempo. Según explicó, la ley contempla una extensión hasta diciembre de 2026, con posibilidades de extenderse hasta 2027, pero señaló: “Nosotros nos preguntamos si realmente esto va a suceder cuando hubo tantos escollos para ponerla en práctica, para aprobarla, para sancionarla”.
Y dejó una advertencia sobre las consecuencias de que la emergencia no continúe: “Sin ley de emergencia, el sector corre riesgo en muchos aspectos de desaparecer tal cual lo conocemos”.
Machado también marcó distancia con los grandes operadores económicos vinculados al área y sostuvo que quienes trabajan cotidianamente con las personas con discapacidad no tienen participación real en las decisiones que determinan el funcionamiento del sistema.
“Esos son los grandes empresarios, nada tenemos que ver nosotros con ese sector, ni siquiera participamos”, señaló. Por ese motivo, explicó, la obtención de la personería jurídica de ASPREDIS apunta también a tener mayor participación institucional.
“Nos hemos asociado ahora con carácter jurídico de las decisiones que tienen que ver con los prestadores, ni con la cuestión de honorarios, ni con la cuestión de tiempos de cobro, ni con políticas en relación a discapacidad”, sostuvo.
Y fue todavía más crítica: “Las grandes medidas no se toman con los que realmente hacemos diariamente el sector”.
Machado afirmó además que los prestadores conocen las irregularidades que se produjeron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Tenemos las coimas que hubo en la ANDIS, nosotros también somos conocedores y hemos denunciado todas estas cuestiones”, aseguró.
Pero, más allá de esos episodios, puso el foco en la realidad cotidiana de quienes sostienen los tratamientos y acompañamientos. “Los que llevamos a la práctica diariamente la labor del tratamiento de las personas con discapacidad, del acompañamiento de las personas con discapacidad, tenemos una precarización que creo que es ya insostenible”, afirmó.
Machado contó que lleva 16 años trabajando en el sector y explicó que observa una tendencia cada vez más preocupante entre los profesionales jóvenes. “Veo que muchos compañeros, sobre todo los que están comenzando, no están queriendo trabajar en lo que tiene que ver con el sector de discapacidad, están migrando hacia otros sectores”, relató.
La situación también afecta a profesionales con años de experiencia y formación específica. “También profesionales que hace mucho tiempo y mucha formación con respecto a discapacidad tampoco lo están pudiendo sostener”, agregó.
Para Machado, el problema no puede analizarse solamente desde la perspectiva del profesional, porque detrás de cada trabajador existe una familia y una necesidad concreta de subsistencia. “Detrás de cada profesional hay un trabajador que diariamente tiene que llevar su sustento a su familia”, remarcó.
Y allí aparece una de las consecuencias que considera más graves: la pérdida de derechos de las personas con discapacidad.
“Ahí empiezan a desaparecer la posibilidad de ejercer derechos de las personas con discapacidad, dentro de las cuales es elegir a sus profesionales”, explicó.
La situación se vuelve todavía más compleja cuando la cantidad de profesionales disponibles comienza a disminuir. “Yo me pregunto si cada vez hay menos profesionales para elegir y los que estamos estamos sobrecargados de trabajo y no podemos tomar más”, planteó.
A esto se suma que muchos profesionales empiezan a evaluar otras alternativas laborales para poder sostenerse. “A la vez empezamos a pensar en tomar otro tipo de pacientes para poder sustentarnos”, explicó.
Machado también cuestionó la capacidad del sistema público para absorber esa demanda. “El Estado no garantiza en forma pública la atención, porque solamente en las mejores ocasiones se hace diagnóstico pero no tratamiento”, sostuvo.
La dirigente puso como ejemplo la situación del Hospital Materno Infantil, donde, según señaló, se realizan diagnósticos de calidad, pero existen dificultades para avanzar con las intervenciones necesarias.
“Sabemos, por ejemplo, que en el Hospital Materno Infantil, que atiende una gran población que compartimos, solamente se está pudiendo hacer un diagnóstico de muy buena calidad, pero no se puede hacer una intervención”, explicó.
También apuntó contra las demoras para acceder a la atención. “Hay turnos que a veces hay que esperar seis meses”, afirmó.
Ese plazo, señaló, resulta incompatible con las necesidades de muchos pacientes. “Nosotros tenemos pacientes a los cuales tenemos que ver dos o tres veces por semana por especialidad, para poder mejorar sus condiciones de vida”, remarcó.
Otro de los puntos que Machado consideró centrales es la formación que requiere un profesional especializado en discapacidad. “Sobre todo cuando uno trabaja brindando servicios a las personas con discapacidad, no solo tiene que tener un título de base, sino tiene que tener una formación específica que lleva muchos años”, explicó.
Según detalló, esa preparación se realiza tanto dentro como fuera del país e incluye diferentes instancias de especialización. “Nosotros tenemos formaciones de diplomados, maestrías, para poder realmente brindar un servicio de calidad”, señaló.
Sin embargo, cuestionó que esa formación específica no sea reconocida adecuadamente a la hora de establecer el valor del trabajo profesional.
“Todo eso al momento de ponerle un valor a nuestro trabajo, pasa en otros rubros, pasa con los docentes, pasa con otros sectores también, con los médicos, no se le pone”, sostuvo.
Machado insistió en que no cualquier persona puede realizar las tareas que requiere la atención de personas con discapacidad. “Nosotros sabemos que nuestro trabajo no lo puede hacer cualquier persona”, afirmó.
Y enumeró los elementos que considera indispensables: “Requiere la vocación en primer lugar, el amor hacia el paciente, el compromiso, pero mucha formación específica”.
Para la presidenta de ASPREDIS, la falta de atención oportuna no solamente afecta el presente de las personas con discapacidad, sino que puede profundizar las dificultades en el futuro y generar mayores costos para el propio Estado.
“Los gobiernos parecen no tomarlo en cuenta, que ellos consideran hoy la discapacidad como un gasto”, cuestionó.
Machado explicó que determinadas discapacidades pueden profundizarse cuando no reciben los tratamientos correspondientes. “Si no se le da una atención inminente y la atención que se requiere, lo que va a pasar es que en un futuro vamos a tener personas con mucha más discapacidad”, advirtió.
“Hay discapacidades que si no se tratan y no se trabajan, se profundizan”, agregó.
Según detalló, las consecuencias pueden alcanzar distintos ámbitos de la vida. “Esto va a generar un mayor costo al Estado, personas que no se van a poder incorporar a la educación, personas que no se van a poder incorporar al mundo del trabajo con apoyo, que van a tener más discapacidades físicas, aquellos que las tienen porque no han tenido la rehabilitación oportuna”, enumeró.
Por eso, planteó un cambio en la manera de abordar las políticas públicas destinadas al sector.
“Me pregunto si no sería importante dejar de considerar la discapacidad un gasto, considerarla una inversión”, sostuvo.
Para Machado, garantizar los tratamientos adecuados permitiría mejorar la calidad de vida de las personas y, al mismo tiempo, evitar mayores costos futuros.
“Hacer que estas personas con el tratamiento adecuado tengan un mejor futuro y por lo tanto no tengan para el Estado un mayor costo”, explicó.
Finalmente, fue crítica respecto de la falta de una política sostenida en materia de discapacidad y afirmó que el problema atraviesa a distintos gobiernos.
“Esto es algo que nosotros venimos denunciando”, señaló. Y concluyó: “No hay un interés político de los distintos gobiernos de hacer una buena gestión en relación a discapacidad”.