La abogada analizó en la 99.9 las responsabilidades institucionales detrás del caso que conmociona a Córdoba. Cuestionó el accionar de la Justicia de Familia, la falta de controles escolares y las decisiones de los organismos de protección de menores. Además, planteó interrogantes sobre la investigación judicial y las posibles redes de protección que rodeaban al principal acusado.
El brutal asesinato de Agostina sigue generando conmoción en todo el país y reabre una discusión recurrente sobre las fallas estructurales de los organismos encargados de proteger a niños y adolescentes. Para la abogada Fátima Silva, el caso no puede analizarse únicamente desde lo ocurrido el día de la desaparición de la joven, sino que exige revisar una larga cadena de decisiones institucionales que terminaron exponiéndola a una situación de extrema vulnerabilidad.
En diálogo con la 99.9, Silva fue categórica al referirse al accionar de la Justicia de Familia: “Hubo intervención de la Justicia de Familia y mal, como habitualmente estamos acostumbrados a ver”.
La letrada sostuvo que el análisis debe contemplar toda la historia previa de la adolescente. “No podemos pensar que Agostina nació el 23 de mayo. Pobrecita Agostina tenía 14 años de vida y una historia que no podemos omitir al momento de analizar lo que le pasó”, indicó.
Según explicó, la joven vivía con su padre tras la separación de sus padres. “El cuidado personal lo tenía el papá. Ella vivía con él y no con la madre”, señaló. De acuerdo con Silva, el conflicto se originó cuando el padre intentó imponer límites frente a una conducta de exposición en redes sociales. “La encontró subiendo fotos de alto tenor y la sancionó como haría cualquiera de nosotros con un hijo adolescente que se expone de una manera inapropiada. Ante esa sanción, ella se enojó y le dijo a la abuela materna que quería irse a vivir con ellos”.
Para la abogada, allí se produjo uno de los errores centrales del sistema. “Fueron a la Justicia, condenaron al padre por querer poner límites y le facilitaron a ella, que no quería tener límites, trasladarse a vivir con la madre”, afirmó.
Silva insistió en que los tribunales debieron profundizar el análisis antes de modificar el esquema de convivencia. “No son un paquete que traslado de un lado a otro porque no quieren límites. Tengo que investigar a toda la familia, al padre, a la nueva pareja del padre, a los abuelos, a la madre y su entorno, para evaluar cuál es el mejor ambiente donde esa niña puede crecer”.
La abogada también cuestionó el rol materno en el contexto que rodeó a la víctima. “Quien la acerca a la vida de este hombre es la madre. Tuvo una relación de tres años con él, mantuvo una amistad posterior y le dio el teléfono sin preguntarle para qué lo quería. La expuso a un círculo nocivo”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la mujer no podía desconocer los antecedentes del principal acusado. “Ella había participado incluso de una marcha para pedir su liberación cuando estuvo preso. No podía desconocer quién era, ni el ambiente en el que se movía”, afirmó.
Silva señaló además que existieron múltiples señales de alarma que nadie atendió. “Hacía tres semanas que Agostina no iba a la escuela y ni la escuela pedía explicaciones ni la madre hacía nada. Le permitía que si no quería ir, no fuera”, expresó.
La situación, aseguró, evidencia graves falencias institucionales. “En cualquier país avanzado faltás un día a la escuela sin justificar y tenés a los organismos de protección de menores golpeando la puerta de tu casa. Acá faltó dos semanas y no se motorizó ninguna alerta”.
La abogada también destacó las declaraciones de la mejor amiga de la adolescente, quien aseguró públicamente que Agostina le había pedido ayuda y le había confesado problemas vinculados al consumo de drogas y su deseo de volver con su padre. “Escuché esas declaraciones tres veces porque no podía creer que una chica de su misma edad estuviera contando que Agostina pedía ayuda y nadie escuchara ninguna alarma”, señaló.
Otro de los aspectos que más cuestionó fue la reacción posterior a la desaparición. “Cuando el hermanito volvió de comprar empanadas y ella no regresó, la madre no se preocupó hasta la una de la mañana. Yo, si desaparece mi hija, voy inmediatamente a buscarla. No espero horas para hacer llamados”, afirmó.
Silva también recordó una de las frases pronunciadas por la madre durante los primeros días de búsqueda. “Cuando le dieron una cámara para enviar un mensaje, no pidió ayuda para buscarla. Dijo: ‘Devolvémela, no me la devuelvas dañada’. Parecía estar hablándole a alguien en particular”, sostuvo.
La crítica se extendió al trabajo del Ministerio Público Fiscal. Según indicó, hubo demoras difíciles de justificar. “El fiscal no activó la Alerta Sofía de inmediato. Se enteró al aire que no estaba activa y recién después hizo las gestiones correspondientes. La desaparición había sido el sábado y la alerta se activó varios días después”, recordó.
También cuestionó la preservación de la escena donde habrían ocurrido los hechos. “Mandó a buscar huellas tres días después y no preservó la casa. Todo eso genera muchas dudas”, indicó.
Finalmente, Silva planteó interrogantes sobre la posibilidad de que existan responsabilidades aún no investigadas. “A mí me cuesta creer que esto lo haya hecho una sola persona. Mi pregunta es si toda esta demora no sirvió para que se contaminara la prueba y para despegar a alguien más importante que pudo haber estado esa noche en esa casa”, expresó.
Y concluyó con una reflexión que atraviesa gran parte de los casos de violencia extrema contra menores en Argentina: “Lo que pasó con Agostina no empezó el día que desapareció. Hubo una larga cadena de omisiones, alertas ignoradas y decisiones equivocadas que la fueron dejando cada vez más desprotegida”.