El silencio, cuando es de Estado, a veces es más atronador que un discurso vociferado por un Gobierno.
Hace dos meses, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich encabezó una reunión que no terminó nada bien con empresarios fluviales y marítimos y con las autoridades del área: el subsecretario de Puertos, Jorge Metz, y el director de Transporte Fluvial y Marítimo, Gustavo Deleersnyder, práctico de profesión.
Dietrich, Metz y Deleersnyder libran tres frentes de batalla para forzar a la baja los costos de las operaciones de transporte porque entienden que le restan competitividad al comercio exterior argentino: la hidrovía, el remolque y el practicaje.
Pero mientras el discurso de las autoridades acusa a los empresarios de carteles y prácticas monopólicas, poco se hace frente a las denuncias de corrupción sobre funcionarios del área.
Un empresario del practicaje arrojó una carpeta sobre la mesa en aquella reunión con Dietrich: “Le dejo la denuncia”, dijo antes de retirarse. El contenido: acusaba de evasión y corrupción a Deleersnyder, presente en la reunión.
Pasaron dos meses de silencio respecto de una exigencia de transparencia a funcionarios de un gobierno que esperanzó con cambiar formas y contenidos.
La denuncia se volvió más formal: ingresó el 13 de octubre en la AFIP, con copias giradas a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y el 14 de octubre a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. No obstante, en esta última instancia, la nota no recorrió los pasos que hacen a la transparencia administrativa: no se escaneó, no se generó el expediente electrónico, no se la numeró ni se giró el despacho a la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo para que Deleersnyder conteste. El consabido recurso al “cajoneo” parece ser la única decisión administrativa tomada al respecto.
Más allá de que Deleersnyder se habría declarado ante el fisco como monotributista, es director de empresas en Miami (Paraná Delta Shipping Corp y Paraná Delta Services) con tres inmuebles en Estados Unidos.
Su pasado como profesional del servicio de practicaje, hasta el 31 de diciembre de 2015, denota irregularidades: no facturaba los servicios a la agencia Rioplat, y se hacía depositar los honorarios en una cuenta del Banco Santander en Uruguay (que registra movimientos actualmente). Los armadores extranjeros presionaron ante la falta de comprobantes, y el práctico abrió una sociedad off shore en Bahamas (River Inside Services) y una cuenta en el Banco Winterbhotam, con sucursal en Uruguay, desde donde luego se giraban los fondos a sus cuentas personales. Estos giros son la única justificación de esa sociedad off shore.
Un canto a la exteriorización de activos.