La condena a muerte de cuatro de los asaltantes y asesinos de una fisioterapeuta de 23 años en un autobús privado, el pasado diciembre en Delhi, se ha convertido en noticia mundial. En palabras del juez que emitió el veredicto se trató de un acto “brutal y diabólico que estremeció la conciencia colectiva”. Ha sido probablemente el impacto mediático del caso lo que ha evitado que, como es lo más habitual, los agresores queden impunes. Según la ONG Apne Aap, eso fue lo que ocurrió con los otros 32 casos de violación juzgados por el mismo magistrado que ahora, consciente de la repercusión de su veredicto, se ha mostrado tan enérgico.
Hace unos días, la ONU difundió los resultados de un sondeo que refleja la magnitud de las agresiones sexuales en Asia. Participaron 10.000 hombres de seis países: Bangladesh, Camboya, China, Indonesia, Sri Lanka y Papúa Nueva Guinea. Cerca de una cuarta parte de ellos admitió haber cometido al menos una violación en su vida, si bien el término exacto por el que se les preguntó fue “forzar a una mujer a mantener sexo”. Uno de cada siete agresores tenía menos de 15 años; más de la mitad no llegaba a los 20. Sólo el 25% de los denunciados acabó en prisión. El 55% ni siquiera mostró sentimiento de culpa. La mayor parte esgrimió como justificación un ancestral “derecho sexual” que desprecia la voluntad de la mujer.
Está encuesta no se efectuó en la India, pero sí otra de 2001 que mostraba que uno de cada cuatro varones admitía haber cometido algún acto de violencia sexual. En 2012 se registraron oficialmente más de 25.000 violaciones en el país, el segundo más poblado –tras China- y el que hace gala de ser “la mayor democracia del mundo”, lo que solo técnicamente es cierto. Pero ese dato es tan solo la punta de iceberg, ya que la mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian, sino tan sólo una de cada diez, según algunos grupos activistas, o ni siquiera una de cada cien, según los más pesimistas.
Ruchira Gupta, presidente de Apne Aap, que da por buena la cifra de una a diez, aseguraba recientemente en la CNN que “la mayor parte de las mujeres indias nunca denunciarán un ataque por temor a que no se les haga caso o incluso a ser víctimas de abusos por los mismos policías”. En apoyo de su tesis cita su propio caso: agredida brutalmente –aunque no llegó a ser violada- y a punto de ser asesinada, sufrió un interrogatorio en comisaría en el que, antes que en la búsqueda de los criminales, el interés de los agentes se centró en los motivos de “una joven de buena familia” para hacer ese trabajo, en el tipo de ropa que llevaba o en si creía en Dios o fumaba.
Con vergonzosa frecuencia, se culpa a la víctima más que al agresor y, según Apne Aap, “la colusión entre policías y jueces consagra la cultura de la impunidad”, junto a la cultura machista, la desigualdad social (el castigo a los violadores de mujeres de la casta intocable es rarísimo), y el abuso y la indefensión infantil. Medidas de largo alcance, como la educación sexual es las escuelas, son frenadas con frecuencia por los grupos de presión integristas.
El juicio a los violadores de la jóvenes fisioterapeuta se ha resuelto con inusitada rapidez, sin reparar en gastos, con el recurso a toda clase de pruebas científicas y con la comparecencia de más de cien testigos. Una excepción, porque la mayoría de los casos similares se arrastran durante mucho tiempo por los juzgados (una media de entre seis y ocho años) hasta que mueren de inanición, de forma que las únicas condenadas son en la práctica las víctimas, que sufren el rechazo social.
El temor de los grupos defensores de los derechos de las mujeres es que, una vez que se acalle el runrún mediático, los mismos políticos que han adoptado de forma apresurada diversas medidas legales, se olviden de poner los medios y la voluntad necesarios para que no queden en papel mojado. Organizaciones como Amnistía Internacional señalan además que la pena de muerte, o sea la venganza de Estado, no es la mejor medicina para curar este cáncer.
Aunque muchas agresiones sexuales se producen en el ámbito familiar, en el que es muy difícil influir, hay mucho por hacer en el terreno práctico para mejorar la seguridad de las mujeres en las calles indias, como cambios en el control de los autobuses y de los baños públicos, donde se produce una alta proporción de los asaltos. Los servicios, por ejemplo, suelen estar mal iluminados y, tan diseñados para el uso por los hombres, que incluso se cierran a las mujeres de noche. Porque las mujeres decentes no deberían estar en la calle a esas horas… La violada y asesinada de Delhi volvía de noche con su acompañante varón (también salvajemente agredido) de ver una película en un centro comercial cuando fue asaltada en un autobús privado –se ha llegado a decir que se utilizaba como burdel ambulante- al que entraron por error. Con todo, y aunque insuficientes, se dan ya algunos pasos en la buena dirección, como la reserva en trenes de Mumbai (la antigua Bombay) de vagones de tren de uso exclusivo para las mujeres.
Hoy toca hablar de la India, pero eso no debería hacer olvidar que, aunque la situación no sea tan dramática, en España se denuncian una media de más de tres violaciones al día, y que la cifra real debe de ser entre dos y cuatro veces superior. Los datos oficiales se refieren al más amplio concepto de “delitos contra la libertad sexual”, de los que, en 2011, se investigaron unos 14.000.
Las estadísticas no siempre incluyen al conjunto del Estado: por ejemplo, las 1.161 violaciones (con penetración) investigados en 2011 no tienen en cuenta los casos contabilizados en Cataluña. Publico recogió en febrero de 2010 un dato estremecedor facilitado por el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente: entre el 62% y el 80% de las prostitutas en España han sido violadas.
La violencia contra las mujeres, entendida sobre todo como agresión que amenace su integridad física o su vida, adquirió tanta relevancia en España que la clase política llegó a un raro consenso que permitió promulgar una ley ad hoc. Hay que felicitarse por ello, pero cabe preguntarse si habrá que esperar a casos de la repercusión mediática del ataque a la joven de Delhi para que se tomen medidas para afrontar con medidas específicas, congruentes con esa misma ley, el drama de las violaciones, que se nutre de resabios machistas resistentes al cambio de una sociedad aún en lucha por ser más tolerante.