Investigación central de la semana
El crimen de Laura Iglesias vuelve a instalar el tema de la liberación anticipada de los violadores, y su permanente reincidencia. Ella trabajaba en el Patronato de Liberados: vincularla con las políticas del Poder Judicial es casi inevitable.
El plebiscito del intendente Pulti no fue. Viciado de ilegalidad, de haberse realizado hubiera sido otro derroche inútil. Sin embargo, hay personas que piensan en la inseguridad y hacen propuestas que merecen ser puestas en la consideración. Es hora de terminar con la farsa.
El intendente Gustavo Pulti realizará una consulta popular inconstitucional: dice que es sólo para saber si los marplatenses quieren tener o no una policía municipal. En realidad, será para lograr imponer un servicio nuevo, que pagarán los ciudadanos con un aumento de las tasas. Aun así, el dinero seguiría sin alcanzar. Una mentira mal organizada.
Una serie de denuncias involucran a funcionarios municipales como ejecutores de actos manipulación del vecinalismo. Apuntan a “vender” el apoyo a la policía municipal en la población de los barrios de la ciudad. Ahora, encima, se robaron un tractor de los que usan para cortar el pasto. Capangas de ciudad.
A la fecha son varias las escuelas secundarias tomadas en la ciudad. El mensaje a los medios es confuso, pero parece que la movida no es muy auténtica. Incluye militantes que dejaron el secundario hace tiempo, y algún docente que desea hacer carrera en las listas gremiales. Ganancia de pescador.
Un conocido distribuidor de drogas amenazó con golpear al fiscal de la causa, en cuanto recobre la libertad. No hay límites en la sensación de impunidad que rodea a los delincuentes más peligrosos. ¿Será verdad que entran y salen?
El Consejo Escolar local es responsable de casi todos los males que aquejan al sistema educativo marplatense, que se cae a pedazos. Entre otras cosas, lo es de la construcción clandestina de un Jardín de Infantes, en un lote que ya tenía dueño. Para los involucrados y las víctimas, el consejo siempre es el peor ejemplo: connivencia y estafa.
Otra entrega de las pruebas que demuestran que la causa en marcha contra el juez Pedro Federico Hooft fue armada por un grupo de abogados de la ciudad, con apoyo de funcionarios de alto rango del Poder Judicial. Nadie alza la voz porque todos les tienen miedo, no vaya a ser cosa de que tomen venganza otra vez.
La grabación de una conversación con el fiscal de la causa confirma la trama mafiosa que hay detrás de las acusaciones contra el juez Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad. “Una venganza personal”: lo dijo con todas las letras.
Otra vez un grupo de manifestantes irrumpió en oficinas municipales destruyendo bienes de todos, a la vez que invocaban derechos sociales. No parece el mejor modo de legitimar el reclamo porque estas roturas las pagamos todos. La policía oye llover.
