Ticmas conversó con los investigadores Celia Rosemberg, José María Gil y Marina Ferroni; tres especialistas dedicados a la investigación del lenguaje, la comprensión lectora y la enseñanza de la literatura
Mientras las terminales santafesinas recibieron casi 11.500 unidades en una jornada fluida, en el sur bonaerense la medida de fuerza de URGARA mantiene a más de 400 camiones varados. La Cámara de Puertos Privados denunció el incumplimiento de la conciliación obligatoria.
El oficialista se apartará durante 180 días sin goce de sueldo. La oposición habló con Cadena 3, calificó la decisión como una señal de «impunidad» y anticipó que insistirá con su exclusión.
La presidente de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, Florencia Garrido, cuestionó el proceso mediante el cual se adjudicaron 18 nuevos permisos de pesca de calamar y advirtió que ninguno de los proyectos contempla la construcción de los buques en astilleros nacionales. Sostuvo que se vulneró la preferencia establecida por la Ley Nacional de Pesca y pidió una convocatoria complementaria con plazos que permitan a la industria local competir.
El fiscal especializado en delitos contra la propiedad se refirió a las investigaciones que derivaron en la detención y desafectación de dos efectivos policiales sospechados de brindar información y cobertura a personas vinculadas con robos. También habló sobre el nivel de violencia de las entraderas y rechazó vincular estos delitos exclusivamente con la pobreza o la falta de trabajo.
El presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) planteó la necesidad de implementar programas de integridad dentro del Poder Judicial, similares a los que deben cumplir las empresas. Advirtió sobre los riesgos de los vínculos entre magistrados y personas u organizaciones con poder e influencia y reclamó mecanismos que permitan elevar los estándares éticos de toda la institución.
Existe un compromiso verbal de no utilizarlos y en nota de prensa se puntualizó que solo se haría de manera extrema, pero siguen apareciendo en el decreto. La Ciudad valora solicitar medidas cautelarísimas ante el Contencioso-Administrativo para que se modifique.
En total son ocho. Entre ellos están los siete imputados que se enfrentan actualmente a un juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor. La resolución no afecta al desarrollo del debate
