Surgió de la nada misma. Alejandro Carrancio torpedeó el pliego de licitación del transporte en una acción que cuestionaron fuertemente sus compañeros de la bancada de Juntos por el Cambio.
Expresiones públicas de Nicolás Lauria, expresiones en Twitter de Guillermo Volponi, y una contundente declaración de Vilma Baragiola: “el pliego de concesión de transporte se cayó y el responsable es Carrancio”. Adentro del bloque los dichos fueron de tono más alto y muy fuertes, como es el caso de la curules de la coalición cívica Liliana Gonzalarena y Angélica González.
El Frente de Algunos Todos la mira de afuera, y no se pronuncia. Quizá sea mejor: tienen posturas que sólo buscaron hacer inviable el pliego. Lo que sí es de prestar atención, es la nota dirigida a las autoridades locales por las empresas, pidiendo que se decrete la emergencia para el sector. En el ámbito del transporte de larga y media distancia, sólo una intervención del Ministerio de Trabajo evitó un paro en el fin de semana.
Las empresas no dan más. Sólo presta servicio 3 de dada 10 choferes. Los otros siete deben ser soportados con escasa ayuda del Estado. El programa REPRO —que según el presidente hace a un Estado presente— es de acceso complejísimo: se requieren planillas interminables, certificaciones contables certificadas por los consejos profesionales, y tiempos burocráticos insoportables.
Las propias disposiciones oficiales en la emergencia pandemica alteran toda ecuación monetaria en un servicio público esencial. La nota de marras señala que, conforme al ordenamiento legal, existe por parte del Estado la obligatoriedad de “asegurar su economía, continuidad y eficiencia”.
Nada de eso está ocurriendo cuando se aplican medidas basadas en decisiones irracionales. El ministro Mario Meoni planteó que colectivos y trenes circulen con las ventanillas abiertas y que, si fuere necesario, se traben las ventanillas para evitar el cierre de las mismas. Una medida para el áfrica sub sahariana.
En 2020, las disposiciones del gobierno nacional de obligatoria aplicación provocaron una caída del orden del 90% en el volumen de pasajeros transportados. Con respecto a 2020, en enero del presente año el diferencial a la baja fue del orden del 68%, en febrero del 57%, y en marzo del 43%. Con costos al alza, y sin subsidios en proporción a los costos.
El gobierno nacional, en su conducta bifronte, no cubre presupuestariamente a las empresas del interior y, en paralelo, busca equilibrar las cuentas de YPF con continuas subas del valor en el combustible. Los montos destinados por ley del Congreso en relación a las empresas de transporte se destinan en un 80% a las líneas de CABA y AMBA. No atender esta urgente cuestión implica abandonar el sistema público, y condenarlo a la quiebra.
Quizá Meoni sea un visionario, y el gobierno este avanzando a un sistema de trasporte propio de Burkina Faso.