Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
En la administración de General Pueyrredón dos funcionarios han sido relevados de sus cargos: Dario Oroquieta, en Seguridad, y Elisa Ferrara en Inspección General. Simple: se fueron luego de un año de percibir altos salarios, y sin haber brindado nunca, a cambio, el servicio que se esperaba por parte de ellos a los contribuyentes.
En los últimos días, grupos organizados han tornado al corte de rutas y calles en General Pueyrredón. Van a su aire, legitimados por el discurso de que sus reclamos se basan en precarias situaciones sociales. Una y otra vez, advertimos que, en su mayoría, son grupos que llevan décadas clamando por lo que dan en llamar trabajo “legitimo”.
El concejal Marcos Gutiérrez, integrante del frente de “algunos todos”, viene lanzando una tremenda batalla discursiva en la que busca plantarse como “el opositor”. Una batalla inútil, un farol que oculta los ruidos reales de en lo que está envuelta la corporación deliberativa.
Quizá lo más gravoso de este año que va cerrando su ciclo, sea advertir el daño que la imprudencia de Guillermo Montenegro le ha provocado a General Pueyrredón. Y hablo de todo partido, porque remitirnos sólo a Mar del Plata no expresaría debidamente lo que ocurre.
Guillermo Montenegro, desde el segundo cero de la declaración de cuarentena —antes que fuere cuarenterna (sic)— se subió al discurso de defensa de la vida por sobre todas las cosas, argumento que sirvió, ni más ni menos, para conculcar los derechos constitucionales de la ciudadanía. El un modo de aplicar estas restricciones llevó a que, en General Pueyrredon, se bata el récord de acciones punitivas contra la población general por no respetar —o, por interpretarse que no se respetaba— la manda presidencial del aislamiento social.
Las repercusiones de los sucesos ocurridos en Cariló, partido de Pinamar, se derraman de lleno en nuestra ciudad, dejan expuestas las relaciones del poder, y llevan a que personajes menores queden muy expuestos a la luz pública.
